El Ayuntamiento deberá pagar a Acampada Salamanca

  • Miércoles, Julio 24 2013

La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, notificada este martes, ha acogido en su integridad el recurso de apelación interpuesto por la comisión legal del Movimiento Acampada Salamanca-15M, que denunció la represión contra los convocantes de la acampada en la Plaza Mayor de Septiembre de 2011, con motivo de la reforma express de la Constitución.

 

En Septiembre de 2011 las cúpulas corruptas de PSOE-PP instaron la modificación de la Constitución por la vía de urgencia para atender las exigencias de la sra Merkel y los mercados financieros. Frente a tal situación la asamblea general de Acampada Salamanca-15M tomó la decisión de realizar una acampada itinerante por las plazas de los barrios, una acampada fija en la Plaza Mayor y finalmente una manifestación por el derecho a la vivienda a favor de la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios. 

El Ayuntamiento de Salamanca no puso objeción alguna a las movilizaciones, sin embargo, cuando la acampada se estableció en la Plaza Mayor y tras una semana por los barrios, La Gaceta de Salamanca y los poderes fácticos entorno a la misma, presionaron al Ayuntamiento intentando enfrentar a la sociedad salmantina y al Ayuntamiento contra los activistas y la propia Subdelegación. (Este diario llegó a exponer en un editorial su opinión, claramente inconstitucional, sobre el uso exclusivo de la plaza para “el disfrute y contemplación”, no para “la discusión y el debate públicos”, ya que nunca fue esa su función, ni  lo debía ser, según el editorial.)

A partir de ese momento fueron anunciadas, a través del mismo diario, denuncias de miles de euros a cualquier ciudadano que avalara o simpatizara con los activistas, con el evidente fin de disuadir y amenazar; incluso se llegó a ordenar a los servicios de limpieza que no se hicieran cargo de la  limpieza de la plaza, teniéndose que hacer cargo los activistas de la limpieza diaria de la misma. Los activistas estaban, además, haciendo públicos los pésimos datos de transparencia del Ayuntamiento y denunciando las variadas y presuntas corruptelas de políticos del PP local.

Finalmente los dos convocantes directos y miembros del movimiento, David Ramos y Gabriel de la Mora, fueron sancionados con 300€ por la existencia de carteles en las vías públicas anunciando la manifestación por el derecho a la vivienda. La comisión legal interpuso los pertinentes recursos judiciales por vulneración de principios y derechos fundamentales (reunión, libertad de expresión, responsabilidad personal, etc.), perdiendo en 1ª instancia ante el Juzgado de lo Contencioso y apelando al TSJ de Castilla y León, que este martes ha acogido en su integridad los fundamentos: el ayuntamiento ha vulnerado los derechos fundamentales, una vez más. Firme e inapelable la sentencia condena al Ayuntamiento a devolver las multas impuestas y cesar en su intento de sancionar vía ordenanzas municipales; lo que no es otra cosa que pura represión política hacia movimientos ciudadanos críticos.

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