Stop Uranio mantiene su pulso contra la minería

  • Viernes, Septiembre 20 2013

La plataforma contra la mina de uranio en Salamanca denuncia que los controles de calidad y gestión ambiental desarrolladas en beneficio de la industria se quedan en la práctica en "papel mojado" y carecen de validez ante los desmanes ambientales cometidos por las corporaciones de la Gran Minería.

En días pasados, la filial de Berkeley Resources Ltd. en Salamanca hacía pública su participación en la reunión organizada por el comité técnico de AENOR sobre "gestión minera sostenible" junto con representantes de diversas asociaciones profesionales, la Dirección General de Minas y empresas de referencia en el sector (Cobre Las Cruces e Iberpotash), que al igual que Berkeley cumplen con los protocolos de calidad establecidos por las normas de "diseño, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión minera sostenible" UNE 22470 y UNE 22480 y la UNE-EN ISO 14001:2004, de gestión ambiental, que busca proporcionar un modelo de organizativo estructurado para la protección del medio ambiente.

Para las grandes mineras, sobre el papel, estos controles de calidad y gestión ambiental representan hipotéticamente un compromiso con el medio ambiente que a nivel empresarial ha de traducirse en un aumento de la rentabilidad económica, la participación en el mercado de materias primas y en teoría, en un aumento de la competitividad, pero sin embargo, la realidad es bien distinta.

Cobre Las Cruces e Iberpotash, denunciadas reiteradamente por numerosos incumplimientos ambientales

Resulta cuanto menos sorprendente que Berkeley utilice como referencia dos de las empresas mineras que han sido el buque insignia durante estos últimos años de la irresponsabilidad medioambiental en España.

Cobre Las Cruces, filial de la compañía canadiense Inmet Mining, y propietaria de la mina a cielo abierto más grande de Europa, fue denunciada en 2008 por la Fiscalía de Sevilla por sendos delitos contra el medio ambiente, al causar "una grave alteración del curso de las aguas, con la consiguiente puesta en peligro de las personas y el entorno medioambiental" y contaminando con arsénico el acuífero Niebla-Posadas, hecho ante el que tuvo que intervenir de urgencia la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Pese a la declarada "responsabilidad medioambiental" y compromiso con la "minería sostenible" de Cobre Las Cruces, lo cierto es que la misma compañía recibió 2012 un nuevo expediente sancionador de la CHG por el desequilibro en el régimen hídrico del mismo acuífero, y el pasado agosto, la Fiscalía inició de oficio una investigación sobre la actuación de uno de los ayuntamientos afectados por la explotación (La Gerena), al haber obviado un delito contra la ordenación urbanística de la minera, que construyó parte de su complejo industrial sin los preceptivos permisos ambientales ni licencia municipal.

En circunstancias de responsabilidad comparables, Iberpotash, filial de la minera israelí ICL que opera en la provincia de Barcelona, fue denunciada este año ante la Comisión Europea por las graves afectaciones ambientales derivadas de la minería de potasa en la comarca del Bages, si bien en 2011 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a la Generalitat de Catalauña a demandar a la compañía a adoptar medidas urgentes para restañar el impacto ambiental causado, y anteriormente ya acumulaba denuncias por contaminación ambiental y salinización de acuíferos.

Berkeley y el falso concepto de minera sostenible

Para Stop Uranio, Berkeley Minera España S.A. insiste en un concepto de partida erróneo, que es el de la "*minería sostenible*", más cuando en el caso de Salamanca se trata de una actividad desarrollada a cielo abierto con grandes impactos y el mineral es recuperado con sustancias tóxicas. En estas circunstancias, la minería a gran escala bajo ningún caso puede ser considerada "*sostenible*", sobre todo teniendo en cuenta que la extracción del recurso supone su agotamiento en un corto período de tiempo de apenas 11 años.

Por todo ello, la plataforma ciudadana reitera su compromiso de utilizar todas las vías judiciales y administrativas a su alcance para la completa paralización del proyecto, debido a sus perniciosos efectos sobre la salud de trabajadores y vecinos y los sectores productivo y turístico de los que dependen miles de puestos de trabajo en las comarcas afectadas en la provincia de Salamanca.

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